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¿Cuánto vale un humedal? ¿Y un árbol de cien años?

Este tipo de preguntas que pueden parecer absurdas a algunos o trivial a otros han generado todo un campo de estudio científico: la economía ecológica. Su origen parte de un distanciamiento de la economía convencional por no incorporar en sus análisis los impactos que causamos en los ecosistemas con la actividad económica. En la economía ecológica existen múltiples líneas de investigación dedicadas a analizar y cuantificar nuestra dependencia de los recursos naturales y los riesgos de los impactos sobre los ecosistemas: análisis de flujos de materiales, metabolismo social, ecología política o etnoecología.

Una de las líneas de mayor repercusión es la de servicios ecosistémicos, que pretende poner en valor los múltiples usos que hacemos de los ecosistemas los cuales nos proveen servicios a través de su propio funcionar: limpian el agua, producen comida y madera, previenen inundaciones, regulan el clima, et. También mantienen identidades culturales que se generan en torno a las actividades tradicionales de uso de los ecosistemas, sobre todo en el medio rural. Este marco conceptual se vio catapultado por la apuesta de Naciones Unidas en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, con algunos equipos españoles a la cabeza.

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Marco de análisis de los servicios ecosistémicos del Laboratorio de Socioecosistemas de la UAM

Si bien el éxito y rigor científico del análisis de los servicios ecosistémicos se ha demostrado ampliamente, desde sus comienzos surgieron debates en torno al riesgo de captura del discurso por los grandes organismos internacionales. En un sistema financiarizado, una metáfora basada en la producción económica como es la de los servicios que producen los ecosistemas, tiene alto riesgo de captación y metrificación en precios con los que poder comerciarlos. Es por ello que muchos investigadores han estado desde el principio en contra de cuantificar monetariamente los servicios ecosistémicos, si bien existe otro espectro que lo ha hecho para desarrollar esquemas de pago en compensación por mantenimiento de estos servicios.

La última Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20 ya dio un giro importante en este sentido, acogiendo inciativas con una clara intención de crear nuevos mercados de los recursos comunes, como ya lo es el mercado de CO2. Por desgracia la economía ecológica, como propuesta heterodoxa, está viendo su discurso capturado y pervertido por la nueva economía verde.

Cuando este tipo de propuestas se encuentran con un gobierno como el de España, cuyo ministro de medioambiente tiene una concepción bastante particular de su protección, básicamente consistente en sacar el máximo rendimiento económico de los recursos naturales, podemos temernos lo peor. El País publicaba hace poco esta noticia haciendo referencia a la intención del gobierno español de crear un banco de habitats y especies que permita compensar los impactos ambientales de los proyectos a quién pueda pagar por recuperar otro lugar. El artículo mezcla dos cosas diferentes: por un lado, el uso de mecanismos financieros para compensar los impactos ambientales, por el otro el discurso de servicios ecosistémicos, capturado para justificar una nueva forma de financiarización de los bienes comunes. Es de destacar el bajo rigor del artículo, enalteciendo en palabras de ingenieros las bondades de este tipo de iniciativas (como siempre en España cuando se quiere justificar una actuación ambiental se pone en boca de un ingeniero), y colocando las críticas a la monetarización de la naturaleza “en países como Venezuela o Cuba” sin explicar nada del debate científico al respecto.

Esperando la propuesta en firme por parte del MAGRAMA para valorarla, de antemano la mera posibilidad de compensar los daños causados en un lugar con la restauración de otro no es demasiado acertada y ha sido criticada por utilizarla en lugar de obligar a minimizar los impactos ambientales ¿Qué más me da que construyas un humedal en Castilla si has talado el bosque del que yo vivo? Como colofón el artículo deja como reto abierto el “cálculo del valor económico de los daños ambientales”, asumiendo que SI se puede/debe hacer sólo que aún no tenemos una metodología adecuada. Pretender generar beneficio económico con estas compensaciones, poniéndole precio a algo que no es posible monetizar, sin aportar ningún criterio ni debate científico al respecto muestra el orden de prioridad de la administración española respecto a la gestión de nuestros recursos comunes: generar beneficios financieros. Una nueva burbuja a la vista.

aquí un interesante artículo sobre porqué los mecanismos de mercado no funcionan para preservar la biodiversidad en un mundo lleno de patológicamente ambiciosos, de los que nos sobran en nuestro país.

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